PT Deputy Files Bill to Embed Recovery of Abandoned Homes in National Housing Policy

The initiative now awaits review by the Chamber of Deputies’ Housing Committee.

$TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 21NOVIEMBRE2015.- Cientos de bajacalifornianos han sido desalojados de sus viviendas en distintos fraccionamientos tras enfrentarse al Infonavit, despachos de cobranzas e inmobiliarias. En los cinco municipios las oficinas de cobranza llevan diariamente notificaciones de embargo a personas que se encuentran en cartera vencida. Según informes de la organización El Barzón, se calcula que hay alrededor de 22 mil créditos en esta situación en el Estado de Baja California, mientras que siguen ascendiendo los deudores de créditos bancarios. El panorama en fraccionamientos de Tijuana luce desolador tras el quiebre de las grandes constructoras fruto del abandono de miles de viviendas, las cuales han sido vandalizadas y saqueadas por personas que aprovechan la situación. De las más de 108 mil cuentas en cartera vencida que reporta Infonavit en 706 municipios del País, una cuarta parte se encuentra sólo en 10 ciudades como Ciudad Juárez (4 mil 602 viviendas), Reynosa (3 mil 562), Tlajomulco de Zúñiga (3 mil 413), Tijuana (2 mil 969) León (2 mil 724) o Mexicali ( 2 mil 511). Decenas de personas que presentan problemas crediticios acudieron el pasado miércoles a realizar una protesta enfrente de las oficinas del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para exigir que sean revisados sus créditos a fin de no perder sus hogares. Los fraccionamientos que presentan mayor incidencia de abandono en Tijuana son Valle Las Palmas, Villas del Campo, Real de San Francisco y Las Delicias. FOTO: CHRISTIAN SERNA /CUARTOSCURO.COM$

Overview

The proposal would amend the Housing Law to require the National Housing Program to include strategies and action lines for recovering and reassigning vacant dwellings.
It makes the percentage of homes in abandonment an evaluation metric for program objectives and for the performance of implementing agencies.
The plan sets viability parameters centered on habitability, accessibility and location, acknowledging that some units cannot be feasibly recovered.
It calls for transparent, legally certain direct allocation by housing authorities and for avoiding intermediaries such as auctions.
Citing the scope of the problem, coverage notes an estimated 650,000 abandoned homes across 378 municipalities and underscores a state-led, integrated approach that ensures infrastructure, services and proximity to jobs.