Overview

• El Decreto 681/2025 publicó la promulgación de la Ley 27.793 y dejó su aplicación en suspenso hasta que el Congreso incorpore partidas y fuentes de financiamiento específicas.
• El Gobierno fundamentó la suspensión en la Ley 24.629 y la Ley 24.156, que prohíben ejecutar erogaciones sin crédito presupuestario suficiente.
• La Jefatura de Gabinete dictó la Decisión Administrativa 24/2025 para reforzar el presupuesto de la Andis con $121.363.881.238, reasignados desde Obligaciones a Cargo del Tesoro, con el fin de actualizar aranceles desde el 1/10.
• El impacto fiscal total estimado de la norma alcanza $3,02 billones en 2025-2026 (0,35% del PBI), con $2,16 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026 para la nueva pensión, y entre $574.200 millones y $1,23 billones para Incluir Salud.
• La promulgación fue obligatoria tras la insistencia del Congreso por dos tercios pese al veto previo, y el Ejecutivo señaló que los créditos disponibles ($2,302 billones sin afectar servicios sociales) no cubren el costo proyectado.